San Mateo Ixtatán: Comunitarios, abogados, instituciones y líderes presenciaron la audiencia pública ante la CSJ por el caso de la Hidroeléctrica Pojom II

Cuestionar la ilegalidad del funcionamiento de la hidroeléctrica Pojom II y la licencia que autorizó el uso y desvío de los ríos Pojom y Negro, es el objetivo de los amparos unificados en contra de la empresa Generadora San Mateo S.A. declarados hoy en la audiencia de vista pública.

Más de 200 personas entre comunitarios, abogados, instituciones y medios de comunicación, presenciaron la audiencia de vista pública, en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, por el caso Pojom II, proyecto hidroeléctrico ubicado en el área de Ixquisis, zona norte de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango.

Desde muy temprano líderes y representantes del Consejo del Pueblo Maya Chuj, Autoridades de las comunidades de Pojom e Ixquisis y COCODES de San Mateo Ixtatán; se preparaban para presenciar este proceso histórico de lucha por la defensa del territorio y por el Derecho de Consulta.

Este caso se circunscribe en tres amparos unificados 1031-2017, 1044-2017 y 1265-2017. Por la autorización arbitraria de licencias para la construcción de hidroeléctricas en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, territorio del pueblo Maya Chuj, por parte del Ministerio de Energía y Minas a favor de la empresa GENERADORA SAN MATEO SOCIEDAD ANÓNIMA. Los amparos buscan cuestionar la licencia que autorizó el uso de los ríos Pojom y río Negro y las consecuencias negativas de los desvíos de dichos caudales. Así mismo la ilegalidad del funcionamiento de dicha hidroeléctrica, ya que los contratos fueron suscritos en forma extemporánea, según el argumento presentado por el licenciado Juan Castro, abogado de los comunitarios.

Gaspar Pérez Marcos, representante del pueblo Maya Chuj comento durante la audiencia «nosotros somos amparistas a favor de los bienes naturales, que la empresa está destruyendo en la Aldea Ixquisis, la otra parte son gente comprada por la empresa eléctrica…» también que la Asociación las 13 democracias representa intereses personales y no comunitarios.

Jobita Tzul, Mujer indígena del Pueblo Maya, profesional del derecho, ve con preocupación este proyecto porque afecta directamente a la mujer indígena.

Las serias ilegalidades que se denotan, en el otorgamiento de los acuerdos ministeriales que autorizan la ejecución y posterior trabajo de la empresa Generadora San Mateo S.A, fueron los argumentos, en virtud que la empresa no ha cumplido con los plazos legales para la ejecución de sus acciones y por la persistente violación al Derecho de consulta a las comunidades Maya Chuj al instalar un proyecto hidroeléctrico en sus territorios.

Por su parte el Licenciado Benito Morales aclaró que el Estado tiene la obligación de cumplir sin ninguna restricción el Derecho de los pueblos a ser debidamente consultados, pero de manera previa, libre e informada como lo reza el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo- OIT. Y así evitar el impacto negativo en la vida comunitaria, su espiritualidad, cultura y en la existencia misma de los pueblos indígenas en su territorio.

El tiempo transcurría mientras todos los presentes atentos a las ponencias…

Los representantes de la empresa Generadora San Mateo S.A. presentaron un video en el cual hicieron referencia al desarrollo que se genera por la implementación de mega proyectos de esta naturaleza. La abogada de la empresa en su intervención pidió que se respeten los Derechos adquiridos por la empresa y de las comunidades que se encuentran en abandono por parte del Estado.

Sin embargo, don Gaspar Pérez de San Mateo Ixtatán argumento «…se habla de desarrollo, pero es solo para unos porque a nivel municipal no se ve nada de eso».

En la audiencia intervino la Procuraduría de Derechos Humanos PDH, quien solicitó a la Corte que declare con lugar la acción Constitucional de Amparo ya que el Derecho de Consulta en su esencia debe ser libre, previa e informada, la cual ha sido violentada de manera reiterada y que esto solo agudizará la conflictividad en territorio de pueblos indígenas.

Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación PGN, por su parte solicitó que se deniegue el amparo porque viene a perjudicar el desarrollo y economía de las comunidades y del país. La conflictividad por la imposición de mego proyecto hidroeléctrico y minero es evidente, pues por este caso en 2017 se registraron más de 100 incidentes entre amenazas e intimidaciones, además de asesinatos y militarización. Esto debido a la irresponsabilidad del Estado en autorizar ese tipo de licencias sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas como sujetos de derecho, sujetos políticos, como dueños del territorio. Según Benito Morales.

«Estamos en contra de la empresa porque ha causado mucho conflicto y eso crea incomodidad en la gente, que sepan que estamos unidos para defender nuestra madre tierra, esperamos que los magistrados nos tomen en cuanta» Bartolo Gómez, comunitario.

Al concluir los alegatos formulados por las distintas instituciones e involucrados en los amparos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia declaro por terminada la audiencia de vista pública, ambas partes salieron del recinto a espera del dictamen.

«Esperamos la resolución de la CSJ a favor de nosotros, sin embargo, si se diera a favor de la empresa no detendremos la lucha le daremos seguimiento en la Corte de Constitucionalidad y organismos internacionales» Gaspar Pérez.

Según la ley, la Corte Suprema de Justicia debe dictar sentencia dentro del plazo de los 3 días siguientes a la audiencia.

De esa manera el Consejo del Pueblo Maya CPO y Autoridades comunitarias del pueblo Maya Chuj del departamento de Huehuetenango, esperan que no haya retraso malicioso por parte de la Corte Suprema de Justicia en el dictamen para este caso.

Fuente: Comunicación CPO.

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